El Gobierno acordó ayer prorrogar dos años la moratoria que dio en 2008 para evitar que las sociedades que tengan determinadas pérdidas incurran en causa de disolución o estén obligadas a reducir capital social. La prórroga, reclamada por sectores como el de la construcción y la promoción de viviendas, estaba contemplada en el documento que el Gobierno trasladó a los partidos polí­ticos la semana pasada en el marco del pacto anticrisis (el llamado Pacto de Zurbano), y que está pendiente de firma.

El Consejo de Ministros argumenta que "la situación económica y el deterioro en determinadas empresas motivan la ampliación por dos nuevos ejercicios de la norma anterior, únicamente para los casos de pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias y de las existencias".

La Ley de Sociedades Anónimas fija, en varios artí­culos que ahora permanecerán congelados, que incurrirán en causa de disolución las empresas cuyas pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. En concreto, fija que las empresas estarán obligadas a reducir capital cuando las pérdidas "disminuyan su haber por debajo de las dos terceras partes del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio".

Prima por menos accidentes

El Consejo de Ministros aprobó ayer también ví­a real decreto, reducir las cotizaciones que pagan las empresas por accidentes de trabajo y enfermedades profesional, que lo harán entre un 5% y un 10%, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral.

La financiación de este sistema de incentivos es con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, constituido con el 80% del exceso de excedentes de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo de la Seguridad Social. Así­, en este año se reconocerán y abonarán los incentivos de 2009.

El real decreto se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 y que establece la posibilidad de reducir estas cotizaciones de la Seguridad Social siempre que las empresas acrediten una reducción de la siniestralidad y prevengan los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.