Dos millones y medio de personas trabajan en España en el sector público, una cifra muy baja en comparación con los países nórdicos. Los expertos desmontan el mito del funcionario vago
En junio de 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó congelar el sueldo de los altos cargos del Ejecutivo. Una medida enmarcada en el política de austeridad cuando aún no se llamaba a la crisis económica por su nombre. Dos años después, el recorte llegará a los empleados públicos. A partir de junio, la mayoría de los trabajadores de la Administración verán recortado en un 5% de media su sueldo, que en 2011 quedará congelado, según anunció Zapatero en el Congreso.
Esta medida para paliar la crisis y recortar el déficit de España ha encendido los ánimos de este colectivo, formado por 2,6 millones de personas, según el Registro Central de Personal, o por tres millones con los datos de la Encuesta de Población Activa.
Los funcionarios despiertan recelo social por el carácter estable de sus puestos de trabajo y por la percepción que se tiene de su labor. Muchos ciudadanos los asocian a hombres y mujeres detrás de una ventanilla sin más oficio que repetir "vuelva usted mañana", como describió Mariano José de Larra en uno de sus artículos más populares. Sin embargo, estos trabajadores se encargan de atender los servicios públicos. Casi un 60% trabaja en Educación, Sanidad, Justicia, Defensa y Seguridad, repartidos entre la Administración pública estatal, autonómica y local, informa Pedro González.
Los empleados públicos representaban el 9,5% de la población española potencialmente activa en 2009, según recoge el estudio de Vinceç Navarro El empleo público en España no es excesivo, a partir de los datos de la Organización Internacional del Trabajo. Una cifra muy alejada de la de otros países más avanzados y referentes en el modelo escandinavo del bienestar, como Dinamarca, con un 25,7%, o Suecia, con un 21,1%.
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