plan de adelgazamiento

El Gobierno no cubrirá 10.600 vacantes de funcionarios

El Gobierno ahorrará 250 millones al no cubrir 10.600 vacantes de funcionarios

Fernández de la Vega anuncia una nueva poda dentro del Plan de Estabilidad

 

El Consejo de Ministros anunció el día 3,  la supresión de unos 10.600 puestos de trabajo en la Administración General del Estado al reducir del 8% al 5% el máximo de vacantes que podrán tener los ministerios y organismos estatales. La reducción de las vacantes supondrá un ahorro de 250 millones de euros al erario público en tres años, correspondientes a la vigencia del Plan de Estabilidad que se prolongará de 2010 a 2013, según anunció la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega.

De los 10.600 puestos afectados, 2.800 corresponden al personal laboral

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La reducción de las vacantes afectará a plazas sin cubrir de la Administración General del Estado, pero dotadas económicamente, referentes a comisiones de servicio; excedencias voluntarias; contratación de personal; reingresos en servicio activo; adscripciones personales y movilidad. Según los cálculos de la Secretaría de Estado de la Función Pública, de los 10.600 puestos de trabajo afectados por la reducción, 7.857 corresponderán a personal funcionario y 2.800 al personal laboral.

La reducción de vacantes afectará a los ministerios, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración General del Estado, Seguridad Social, agencias estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. Quedan excluidos de la poda las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad del Estado; la Administración de justicia y centros penitenciarios, así como los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y controladores aéreos.

La supresión de vacantes, materializada en el Consejo de Ministros de ayer, se inscribe en el plan de austeridad para la Administración General del Estado de 2011 a 2013, que inició el Gobierno en abril con la reducción de un 10% de la Oferta de Empleo Público y de la que estimó un ahorro de 280 millones de euros.

Esta reducción, la más profunda de la democracia, ha supuesto que de cada 100 funcionarios que causen baja, solo se podrá contratar a 10.

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